La Universidad del Rosario está en crisis. De acuerdo al tono de las quejas y de lo que se ha podido saber sobre la situación de la universidad, este podría ser el peor momento que haya sufrido el Rosario desde que recuperó su autonomía a finales del siglo XIX. La situación es alarmante y vergonzosa, tanto por el respeto que merecen sus estudiantes y profesores, como por la importancia que ha tenido la institución en la historia del país. Hasta ahora, ante un problema que supera los números y las buenas intenciones, las explicaciones no han sido suficientes. Y lo que es más grave, el celebrado sistema de gobierno de la universidad, considerado “cuna de la república” por su carácter autónomo y representativo, se ha visto mancillado por supuestas manipulaciones y conflictos de intereses.
Como egresado, profesor que fui de Cátedra Rosarista (en la que enseñábamos la historia de la universidad), y ahora candidato a doctor en Historia, he escrito esta nota para recordar algunos de los fundamentos constitucionales e históricos del Rosario, que espero ayuden a entender la diferencia que hay entre el funcionamiento y la forma de gobierno de la universidad. Espantar el miedo al pasado debería ayudar a prevenir un mal mayor: deslegitimar la institución.
Tres errores he podido identificar en lo que se ha dicho hasta ahora. El primero es creer que el Rosario funciona tal y como lo desarrolló su fundador Cristóbal de Torres en 1653.. Administrativa, legal, financiera y académicamente, la universidad se rige por las Nuevas Constituciones de 1893, que son una adaptación moderna de las originales de 1654. Además, estas constituciones han sido reformadas y ampliadas varias veces entre 1974 y 2017, calibrando precisamente el equilibrio de sus órganos de gobierno: Rectoría, Consiliatura, Colegiatura. Por otra parte, el Rosario funciona como cualquier universidad colombiana del siglo XXI, por medio de estatutos y reglamentos concordantes con las leyes del país. Sin embargo, una cosa es la operación de la universidad, y otra la constitución de su forma de gobierno.
El segundo error es creer que la forma de gobierno del Rosario es anacrónica, que no corresponde con el Siglo XXI. En esencia, su estructura de poder es la misma que la de las demás universidades. Todas las universidades son órganos corporativos gobernados por una compleja sucesión de consejos que, en última instancia, presiden un rector. Esta distribución del poder es la que garantiza, entre otras cosas, la autonomía académica y gubernativa de sus diferentes unidades. El buen gobierno está, precisamente, en mantener ese difícil equilibrio. Por más moderna que sea una universidad, y lo que en ella se enseña o investiga, su forma de poder es de origen medieval, así nos espante.
Esta forma de poder no solo la tiene el Rosario como universidad, sino como fundación. Si usted hoy, en 2024, crea un fondo para becar estudiantes de bajos recursos, redacta los estatutos y especifica la manera en que el presidente y la junta directiva controlarán mutuamente la administración y la protección de los bienes, déjeme decirle que seguirá al pie de la letra las directrices del canon Quia Contingit de 1317. Un decreto promulgado por un concilio eclesiástico para proteger a las instituciones caritativas y no religiosas–principalmente hospitales y orfanatos. Nada menos que el origen de las fundaciones sin ánimo de lucro; Quizás la forma organizacional más exitosa de la historia.
El decreto viene muy al caso porque, según el concilio, este respondía a las quejas por la negligencia de los administradores de las fundaciones (por cierto, llamados rectores) que despilfarraban los recursos e incumplían con “las caridades” a las que estaban destinadas. La solución fue convertir estas fundaciones en corporaciones: un rector que debía administrar y un consejo compuesto por tres custodios que debía proteger los bienes; todo bajo las reglas de los estatutos y la supervisión de las autoridades públicas. La forma y autoridad de una fundación en el siglo XXI no es menos tradicional por llamar “directivos” a sus custodios, ni por dedicarse a investigar el cambio climático en lugar de financiar un orfanato.
Él trajo el canon porque el Rosario, como fundación, es un Colegio Mayor; una institución creada en la España del siglo XIV, mezcla entre hospital y universidad. Como fundaciones testamentarias y caritativas, los colegios mayores eran residencias en las que se becaba por concurso a unos pocos estudiantes. A diferencia de un hospital, en donde los pacientes no podían autogobernarse, los estudiantes del colegio mayor sí; de ahí que no fuera suficiente la estructura de rector y custodios (consiliarios), y surgiera la colegiatura como órgano representativo de los estudiantes. He aquí el tercer error, cree que el Rosario no tiene suficiente representación.
Por supuesto que hoy, el Colegio Mayor del Rosario también es una universidad. Fusionar las dos naturalezas les tomó 78 años (1890-1968) a los rectores Rafael María Carrasquilla y José Vicente Casto Silva, ya quienes los acompañaron en esa tarea. Ningún Colegio Mayor en España logró una transición tan difícil. La estructura de gobierno que se conservó, es la expresión constitucional del poder y autoridad de la Universidad del Rosario. Una forma de gobierno que es efectiva y simbólica en sí misma: efectiva porque hace las veces de presidencia y junta directiva–como en cualquier universidad–, y porque los colegiales hacen parte del cuerpo electoral–como en ninguna otra–; y simbólica porque representa la legitimidad histórica de la comunidad rosarista.
Ahora que estoy enclaustrado en una universidad en los Estados Unidos, comprobó que en estas instituciones–las mismas que dominan los “rankings” globales–la forma de poder es más tradicional que en las nuestras. Estas universidades funcionan como verdaderas “repúblicas de doctores”: tienen policía propia, fraternidades, juramentos de honor en los exámenes y un latino imperante (Bccalaureus Artium, Curriculum Vitae, Syllabus). Aquí, la administración puede ser muy moderna, pero una facultad, que es el cuerpo de profesores reunidos en comité, ejerce como consejo, tribunal y cuerpo electoral–un concilium en pleno derecho.
Así mismo, la rendición de cuentas se exige sin titubeos; sobre todo al rector (presidente), quien representa a la comunidad ante el mundo. Este mismo año, las presidentas de Harvard, MIT y Pensilvania, renunciaron por no responder satisfactoriamente al Congreso de los Estados Unidos por las acusaciones de doble moral en un caso de la libertad de expresión de sus estudiantes. Las tres dimitieron por respeto a la comunidad universitaria. Pese a los escándalos, nadie propuso reformar el sistema de gobierno en ninguna de estas universidades. Una vez dimitieron, otros resolvieron el problema.
La forma de gobierno del Rosario, que es la constitución de su poder, no es anacrónica histórica sino; una forma que dirige y representa a una comunidad que existe gracias a los preceptos de una fundación que se instituyó como casa de estudios para el servicio de la república. Ella custodia la autoridad y el sentido que ha unido a generaciones enteras, en aquello que nos dignifica: servir al país y proteger al Rosario. La responsabilidad de una gestión cuestionada la tiene que asumir sus directivos, no la forma de gobierno ni la comunidad rosarista. ¿Y ahora van a revisar y cambiar la forma de gobierno del Rosario los mismos que la tienen en crisis? Cambiar la forma rompería la legitimidad y desharía la fundación, y el Rosario no es una fundación universitaria cualquiera. En todo caso, como diría el rector Carrasquilla en 1905–a quien cito con mi mala memoria–, el Rosario, libre de faccionalismos, debe apoyarse en la tradición para avanzar, y sostener esta casa que nos ha resguardado siempre de los torbellinos del mundo. .
MAURICIO RESTREPO PEÑA
Para EL TIEMPO