Tras la confirmación de la creación del bloque armado ‘Isaías Pardo’ por parte de la organización criminal de alias Iván Mordisco, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que esta agrupación “ha aprovechado el cese del fuego para incrementar su número y para consolidar y controlar territorios”, como si estuvieran “en su derecho”, como lo aseguró el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y sin que el Estado haga algo contundente para frenar el crecimiento desbordado de este grupo de narcotraficantes asociados.
Esta organización pasó de tener presencia y accionar en 56 municipios en 2017 a 164 en la actualidad. Con la creación de este nuevo bloque, dicha organización criminal ya tiene presencia en otros municipios del Tolima. Así lo confirma el documento de cinco páginas entregado a las juntas de acción comunal y campesinos de esta región por esta organización en este departamento y sus alrededores, en especial en los municipios de Dolores, Prado, Purificación, Saldaña, Natagaima, Coyaima, Guamal y Espinal.
De acuerdo con el documento, justifican la presencia en estos municipios y el reclutamiento forzado en el que van a someter a sus habitantes, “retomamos nuestro proyecto de país de la mano de estas comunidades que siempre han estado a nuestro lado y que es gracias a ellos que hoy volvemos a hacer presencia en los campos y ciudades, sepan que nuestra única intención es poder trabajar mancomunadamente con ustedes y les hacemos un llamado a los jóvenes para que juntemos rebeldías desde las diferentes trincheras de lucha y resistencia popular para que entre todos avancemos en la construcción de una nueva colombia”.
Punto seguido, plantean una serie de acciones restrictivas y violentas, como la restricción de la movilidad de ganado y personas entre las 6 pm y las 6 am, prohíben la circulación de vehículos carpados o con vidrios polarizados a cualquier hora del día, así como la circulación en motocicleta usando casco. A quienes consumen drogas les ordenan dejar de consumir y salir de la región o si no serán asesinados.
Prohíben la caza y la pesca de uso comercial, solo permitirán estas actividades para consumo personal. Ordenan a todas las familias construir huertas caseras y advierten que pasarán de manera periódica a cada vereda para verificar el cumplimiento de esta orden.
El gobierno del presidente Gustavo Petro debería responder contundentemente frente a esta nueva amenaza que afecta la seguridad de los ciudadanos.
Ordenan un censo y carnetización de toda la población para, según estos criminales, evitar la entrada de personal desconocido en la región. El carne comunal, como lo denominan, solo tendrá vigencia de seis meses y se entregará únicamente al personal que esté afiliado ya paz y salvo con las obligaciones y acuerdos comunales, una forma velada de garantizar la extorsión y la gobernabilidad territorial.
Ordenan que la visita de familiares o amigos de los habitantes de la región deben ser por tiempos cortos y serán autorizadas por estos criminales, a través de las juntas de acción comunal que pretenden cooptar para sus propósitos a través de la creación de “guardias campesinas” . Ellos van a “exigir dicho carnet ya establecer multas económicas y sanciones de trabajo a las personas que se encuentren movilizándose dentro del territorio sin carnet o permiso temporal”.
La creación de este bloque, que afecta de manera grave la seguridad de los ciudadanos no solo del Tolima, sino de otros departamentos del suroccidente del país, responde al desplazamiento de miembros de este grupo criminal que están saliendo de las zonas donde se levantó el cese. del fuego hacia otras donde el Gobierno mantiene esa decisión.
En este caso, el gobierno del presidente Gustavo Petro debería no solo responder contundentemente frente a esta nueva amenaza que afecta la seguridad de los ciudadanos, sino también levantar el cese del fuego con este grupo en todo el país; de lo contrario, la violencia y la delincuencia se van a extender a otros territorios que venían gozando de cierta tranquilidad.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ